¿Qué tienen en común el Banco de México, el INE, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el INEGI, la COFECE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INAI, la FGE, el CONEVAL y el clausurado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación? Que se trata de órganos autónomos regidos por nuestra constitución.
Según Jaime Cárdenas, (Una Constitución para la democracia, 1996), “Los órganos constitucionales autónomos son aquéllos creados inmediata y fundamentalmente en la Constitución, y que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado.” Una de sus características es que actúan con independencia de los poderes tradicionales y en términos generales, buscan revisar, supervisar, especializar, agilizar, independizar, controlar, transparentar y en general, hacer más eficiente la labor gubernamental.
La teoría tradicional de la división de poderes, elaborada por Montesquieu, plantea la necesidad de que el poder debe contar con límites para no caer en el absolutismo; dicho de otra forma, el Estado debe estar conformado por un sistema de pesos y contrapesos y por ello, el poder legislativo es el encargado de la elaboración de las leyes, el ejecutivo, de ponerlas en práctica y el judicial de actuar ante el abuso de alguno de ambos o simplemente para aclarar el espíritu de dichas leyes.
La creación de los órganos constitucionales autónomos se da en Europa como una necesidad de mayor democracia en los gobiernos, sin embargo, rápidamente se extiende su uso por toda Asia y América, buscando una idea de equilibrio constitucional apoyada en los controles del poder público.
Con ello, la teoría tradicional de la división de poderes evolucionó, dando paso a estas nuevas figuras, por lo que se dejó de concebir a la organización del Estado, únicamente como aquellos tres poderes tradicionales (legislativo, ejecutivo, y judicial).
En México, desde la década de 1990, la estructura del Estado mexicano comenzó a experimentar la creación de órganos autónomos con rango constitucional, como una respuesta de la sociedad que buscaba ponerle un freno a la concentración de poder en el Ejecutivo. Así nace el otrora Instituto Federal Electoral, hoy INE y posteriormente una docena más de ellos.
La estructura jurídica de dichos órganos, permite que cuenten con una cierta autonomía que les garantiza el correcto funcionamiento de dichas instituciones, obligándolas, eso sí, a rendir cuentas ante los poderes legislativos.
Sin embargo, el gobierno del presidente López Obrador, ha pretendido torpedearlos desde el inicio de su administración, bajo el argumento de que se trata de estructuras creadas por los gobiernos conservadores, ignorando que su origen nada tiene que ver con ello, antes bien, han nacido como una reclamo de la sociedad o de ese “pueblo sabio”, como él lo llama, cansado de que la autoridad abuse de su poder y le niegue a los ciudadanos la transparencia y rendición de cuentas a que tenemos derecho.
Actualmente, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ya fue desmantelado por la 4T, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el INE ya han sido cooptados, nombrando comisionados a modo, que aplauden las ocurrencias presidenciales, sin embargo quedan varios bastiones que sumados al Poder Judicial Federal y su Tribunal, les están dando la batalla al presidente, por lo que ya López Obrador alista sendas reformas para intentar dinamitar lo poco que queda de participación ciudadana libre.
*- El autor es asesor empresarial en cabildeo
