Tijuana, BC.- El problema del nuevo Impuesto Sobre la Nómina (ISN) no es la suma de la tasa original con las sobretasas, sino el fondo y la estructuración con la que se armó, respondió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE).
Durante su conferencia matutina del 13 de diciembre, la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se limitó a decir que el nuevo ISN es únicamente la “suma de las sobretasas” y que el empresariado “seguirá pagando lo mismo”.
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Al respecto, Carlos Jaramillo Silva declaró las maneras en las que se propuso dicho cobro a través de la Ley de Ingresos del 2024, la cual también iría a la Ley Hacendaria, no fueron las adecuadas.
“Jamás hemos estado negados a pagar y en diferir de que la suma da lo mismo, nunca hemos dicho algo diferente, lo que hemos venido diciendo es que no nada más es la suma, sino es el fondo y la forma de la estructuración”, aseveró.
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Diferencias con el nuevo ISN en BC
El presidente del CCE Tijuana aseguró que, contrario a lo dicho por la mandataria estatal, hay diferencias entre lo que se tenía con las sobretasas y el que sería el nuevo ISN en Baja California.
En primer lugar, dijo Jaramillo Silva, subir a la Ley Hacendaria daría apertura a que el recurso no tuviera que ser revisado año con año, sin contar que el impuesto se agravaría en un 235%.
Mencionó que aunque se estaría generando un incentivo para las empresas con menos de 50 empleados, solo sería un decreto sujeto a renovación por periodicidad y no algo definitivo.
Sin transparencia en destino de recursos
El titular de la cúpula empresarial agregó en tercera instancia que no habría transparencia en cuanto al destino de los recursos que había con las sobretasas, lo que haría que se fuera al “gasto corriente”.
No estamos opuestos nosotros como sector productivo en pagar, pero lo que queremos es que ese recurso que se esté utilizando se vaya realmente a los proyectos que necesitamos en este Estado”, recalcó.
Jaramillo Silva aseveró que la iniciativa privada se siente “lastimada” y “agraviada” por lo que calificó como una “decisión unilateral” del Gobierno del Estado.
